El derecho humano de acceso a la justicia y a un recurso judicial efectivo no tutela a los entes públicos en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales, pues operan como límite al poder público y no como una prerrogativa para hacer valer su esfera competencial.

El Instituto Nacional Electoral (INE) impugnó el desechamiento de su demanda de controversia constitucional, argumentando que se violaron sus derechos de acceso a la justicia y a un recurso judicial efectivo. La Suprema Corte determinó que estos derechos no protegen a los entes públicos en el ejercicio de sus atribuciones, sino que actúan como un límite al poder público.