La invalidez de una porción normativa de un decreto que concede una pensión por jubilación, con cargo al presupuesto de otro poder, se declara cuando dicha disposición vulnera el principio de autonomía presupuestal, la independencia judicial y la división de poderes.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una controversia constitucional promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos contra el Decreto 2088, que concedió una pensión por jubilación a una persona, ordenando que fuera cubierta con cargo al presupuesto del Poder Judicial local sin la transferencia de recursos necesarios. La Corte determinó que esta disposición vulnera la autonomía presupuestal, la independencia judicial y el principio de división de poderes, declarando la invalidez parcial del decreto en la porción que impone dicha carga al Poder Judicial.