La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe analizar la constitucionalidad de una norma general a través de una metodología adecuada, como el test de proporcionalidad o el análisis ordinario, y no limitarse a una interpretación gramatical, para cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación.

El quejoso impugnó la inconstitucionalidad del artículo 291 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, argumentando que el Tribunal Colegiado omitió aplicar una metodología adecuada para el análisis de constitucionalidad, limitándose a una interpretación gramatical. La Suprema Corte determinó que para resolver sobre la constitucionalidad de una norma general es indispensable el uso de herramientas hermenéuticas que permitan un examen riguroso, como el test de proporcionalidad o el análisis ordinario, a fin de satisfacer los principios de fundamentación y motivación.