Las multas impuestas por órganos jurisdiccionales a una autoridad, referidas a un puesto específico, deben ser cubiertas por la persona física que ocupa dicho cargo y cometió la infracción, no por el organismo al que pertenece.

El criterio establece que cuando un órgano jurisdiccional impone una multa a una autoridad, haciendo referencia a un puesto, la sanción recae sobre el servidor público que cometió la infracción y no sobre la institución. Esto se debe a que la multa se aplica a la persona física por su actuar, y sostener lo contrario anularía la efectividad de las multas al no generar un perjuicio directo al infractor.