La facultad de las autoridades fiscales para requerir información y documentación en ejercicio de sus facultades de comprobación, debe estar debidamente fundada y motivada, justificando la necesidad, idoneidad y proporcionalidad del requerimiento, a fin de garantizar el principio de seguridad jurídica del contribuyente.

La Sala Regional determinó que, si bien las autoridades fiscales tienen facultades para requerir contabilidad y documentación, estos requerimientos deben ser fundados y motivados, explicando la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de la información solicitada. Se consideró que la autoridad no cumplió con esta obligación al solicitar el acta constitutiva y sus modificaciones sin justificación suficiente. Sin embargo, la Sala también determinó que la ilegalidad de los requerimientos de información en forma de integraciones especiales no conllevaba automáticamente la nulidad del crédito fiscal, ya que el vicio no trascendió al sentido de la resolución determinante.