Los impuestos cedulares estatales que no respetan las reglas de coordinación fiscal, al no permitir deducciones permitidas por la Ley del Impuesto Sobre la Renta, contravienen la seguridad jurídica.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza la constitucionalidad de los artículos 32 de la Ley de Hacienda del Estado de Jalisco y 9, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para 2023. Se determina que dichos artículos, al establecer un impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal no subordinado que grava el ingreso bruto sin permitir deducciones, contravienen los principios de seguridad jurídica y las reglas del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Esto se debe a que el gravamen no se ajusta a los parámetros establecidos para impuestos cedulares, violando el compromiso de la entidad federativa al adherirse al sistema.