La obligación de las autoridades de procurar la vigilancia, conservación y garantía del medio ambiente en las regulaciones que emitan, incluyendo la Ley de la Industria Eléctrica, prevalece sobre argumentos que pretenden inhibir o colocar en segundo término el progreso de la sustentabilidad ambiental, aun cuando el Estado posea la titularidad de áreas estratégicas.

El Juez de Distrito consideró que existe un mandato constitucional para incorporar directrices de sustentabilidad ambiental en la industria eléctrica, sin que ello pueda ser inhibido por la titularidad estatal de áreas estratégicas. La quejosa alegó, entre otros aspectos, la vulneración del derecho a un medio ambiente sano, la seguridad jurídica, la irretroactividad, el desarrollo económico integral y el principio de legalidad, argumentos que no fueron atendidos por el juzgador de origen al estimar que su análisis no implicaría mayor beneficio.