El juicio de nulidad es improcedente contra las multas impuestas por el INAI a servidores públicos como medida de apremio, pues estas no son dictadas a particulares y la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se limita a controversias entre la administración pública federal y los particulares.

El caso aborda la procedencia del juicio de nulidad contra multas impuestas por el INAI a un servidor público como medida de apremio. La Suprema Corte determinó que dicho juicio es improcedente porque la sanción se dirige a un servidor público en el ejercicio de sus funciones y no a un particular, y la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se circunscribe a las controversias entre la administración pública federal y los particulares. Por lo tanto, la norma que permite el juicio de nulidad contra estas multas se consideró válida al no contravenir la Constitución.