El decreto emitido por el Congreso del Estado de Morelos, que concede una pensión por cesantía en edad avanzada con cargo al presupuesto del Poder Judicial de dicho Estado, es inconstitucional por vulnerar los principios de independencia judicial y autonomía de gestión presupuestal.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una controversia constitucional promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos contra el decreto del Congreso local que otorgaba una pensión por cesantía en edad avanzada con cargo al presupuesto del Poder Judicial, sin transferir los recursos necesarios. La Corte determinó que dicho decreto vulnera la independencia y autonomía presupuestal del Poder Judicial, declarando su invalidez parcial. Se enfatiza la necesidad de que el Congreso establezca claramente la fuente de financiamiento y transfiera los recursos correspondientes para evitar la subordinación de poderes.