La falta de fundamentación y motivación de la competencia de la autoridad fiscal, en cuanto a sus facultades materiales y territoriales, genera la nulidad del acto de nombramiento de interventor con cargo a la caja y del procedimiento administrativo de ejecución.

La Sala Regional determinó que la autoridad fiscal no acreditó debidamente su competencia material y territorial para emitir el nombramiento de interventor con cargo a la caja y para iniciar el procedimiento administrativo de ejecución. Al analizar el Convenio de Colaboración Administrativa, se concluyó que las cláusulas invocadas por la autoridad no le otorgaban las facultades necesarias para realizar dichos actos, especialmente en relación con contribuyentes del Régimen General de Personas Morales. Por lo tanto, se declaró la nulidad del acto impugnado al violarse las garantías de legalidad y seguridad jurídica.