La responsabilidad penal por el delito de defraudación fiscal equiparable no puede atribuirse al administrador general de una empresa por el simple hecho de ocupar dicho cargo, sino que requiere la demostración de una conducta dolosa, antijurídica y culpable.

El presente fallo establece que el cargo de administrador general de una persona moral no implica, por sí solo, la obligación de pagar los impuestos de la empresa ni la responsabilidad penal por defraudación fiscal equiparable. Para atribuir dicha responsabilidad penal, es indispensable probar que la omisión o acción del administrador se debió a su conducta dolosa, antijurídica y culpable, y no simplemente a su posición en la empresa.