La controversia constitucional local es improcedente cuando se impugnan actos que derivan del procedimiento previsto en la ley reglamentaria local, pues ello contraviene la naturaleza de dicho medio de control constitucional.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza la improcedencia de una controversia constitucional local. El caso surge de la impugnación de un acuerdo que ordenaba a tribunales administrativos hacer cumplir la suspensión de una controversia constitucional anterior. La Corte determina que la controversia constitucional local es improcedente si se utilizan para impugnar actos derivados de procedimientos reglamentarios locales, ya que esto desvirtúa la finalidad de este medio de control constitucional.