La facultad de las autoridades administrativas para realizar visitas de verificación y reproducir información obtenida durante su desarrollo, sin que medie orden judicial, no vulnera el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, siempre que se cumplan los requisitos formales establecidos en el artículo 16 constitucional.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó si la facultad de las autoridades administrativas para realizar visitas de verificación y reproducir información vulnera el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. El tribunal determinó que dicha facultad no es inconstitucional si se cumplen los requisitos formales del artículo 16 constitucional, como la existencia de mandamiento escrito de autoridad competente, la especificación del sujeto pasivo y el domicilio, así como el objeto de la diligencia. Se consideró que la intención del Constituyente no fue subordinar las visitas domiciliarias a la autoridad judicial, sino permitir que la autoridad administrativa las ordenara bajo ciertos lineamientos.