El decreto emitido por el Congreso del Estado de Morelos, que concede una pensión por jubilación con cargo al presupuesto del Poder Judicial de dicho Estado sin la transferencia efectiva de los recursos necesarios, es inconstitucional por vulnerar los principios de independencia judicial y autonomía de gestión presupuestal.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una controversia constitucional promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos contra un decreto del Congreso local que otorgaba una pensión por jubilación con cargo al presupuesto del Poder Judicial, sin transferir los fondos necesarios. La Corte determinó que dicho decreto es inconstitucional, ya que vulnera la independencia y la autonomía de gestión presupuestal del Poder Judicial, al permitir que un poder invada la esfera de competencia financiera de otro. En consecuencia, se declaró la invalidez parcial del decreto y se ordenó al Congreso del Estado modificarlo y establecer claramente la fuente de financiamiento de la pensión, así como la transferencia efectiva de los recursos.