La suspensión de la vigencia y aplicación de una norma que otorga competencias a los órganos del Poder Judicial de la Federación es contraria a las disposiciones de orden público y refleja insubordinación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se promovió juicio de amparo contra la discusión, aprobación y promulgación del artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo y contra el proceso legislativo de un Decreto de reforma al Poder Judicial de la Federación. Diversas autoridades interpusieron recurso de queja contra la admisión del amparo, argumentando que la suspensión de la norma que otorga competencias a los órganos del PJF es contraria al orden público y a la Constitución.