El otorgamiento de pensiones por cesantía de edad avanzada a cargo del presupuesto de un poder público, sin la previa asignación de los recursos necesarios, transgrede el principio de autonomía en la gestión presupuestal y la división de poderes.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una controversia constitucional promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos en contra del decreto emitido por el Congreso Local que otorgaba una pensión por cesantía de edad avanzada a un ex trabajador de dicho poder, con cargo a su presupuesto. La Corte determinó que, si bien el Congreso tiene facultades para otorgar pensiones mediante decreto, la imposición de esta carga financiera al Poder Judicial sin la transferencia de los recursos suficientes vulnera su autonomía presupuestal y el principio de división de poderes. Por ello, se declaró la invalidez parcial del decreto en la parte que obligaba al Poder Judicial a pagar la pensión, ordenando al Congreso modificar el decreto para establecer claramente quién cubriría el gasto y asignar los recursos correspondientes.