La invalidez de las normas generales emitidas en contravención a las formalidades del procedimiento legislativo se actualiza cuando se demuestra que las irregularidades cometidas trascienden al principio de deliberación democrática, afectando la calidad de las condiciones en que se adoptó la decisión legislativa.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una controversia constitucional promovida por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos contra el Poder Legislativo, impugnando la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023. El Pleno determinó que, si bien la demanda fue presentada en tiempo y forma, y el Poder Ejecutivo contaba con legitimación activa, existieron vicios graves en el procedimiento legislativo. Específicamente, se consideró que la dispensa del trámite legislativo careció de motivación mínima y no se respetó el plazo para que los legisladores conocieran el contenido de los dictámenes, lo cual afectó el principio de deliberación democrática, llevando a la invalidez de las normas.