La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, al buscar evitar riesgos catastróficos derivados de la falta de rentabilidad y la incapacidad de la Comisión Federal de Electricidad para recuperar sus costos, es constitucional en cuanto a la generación y comercialización de energía eléctrica, permitiendo la participación del sector privado en un entorno de competencia.

El juzgador federal analizó la constitucionalidad de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, destacando que si bien el Estado mantiene la titularidad del servicio de transmisión y distribución eléctrica, se permite la participación del sector privado en la generación y comercialización bajo un entorno de competencia. La reforma busca evitar la quiebra de centrales eléctricas y riesgos catastróficos derivados de la falta de rentabilidad de la CFE. Sin embargo, el análisis del juez omitió considerar aspectos como la intermitencia de energías renovables, sus costos asociados y el potencial de otras fuentes de energía que la CFE podría utilizar.