La invalidez de un decreto que otorga una pensión con cargo al presupuesto de otro poder, sin la previa asignación de recursos, vulnera la autonomía presupuestal y el principio de división de poderes.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una controversia constitucional promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos en contra de un decreto legislativo que otorgaba una pensión por jubilación a un particular, cargándola al presupuesto del Poder Judicial sin la transferencia de los recursos necesarios. La Corte determinó que esta acción constituye una intromisión indebida y una vulneración a la autonomía de gestión presupuestal del Poder Judicial, declarando la invalidez parcial del decreto. Se enfatizó que el Congreso, al emitir tales decretos, debe prever y asignar los recursos correspondientes o establecer claramente quién asumirá la carga financiera, para no lesionar la independencia de los poderes.