El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, al ser una norma general, no puede ser combatida a través de la deducción de un derecho propio o la defensa contra agravios que eventualmente pudiera generar.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los conceptos de invalidez presentados no combaten directamente el decreto que tipifica el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. La parte accionante no expuso argumentos contra dicho decreto ni lo confrontó con normas constitucionales o convencionales. En su lugar, intentó deducir un derecho propio o defenderse de posibles agravios derivados de una norma general, lo cual no es la vía adecuada para impugnar la norma en sí misma.