La fiscalización de recursos federales transferidos a los municipios es competencia exclusiva de la Auditoría Superior de la Federación, y los congresos locales no pueden invadir esta esfera de atribuciones.

El municipio actor impugnó el decreto que aprobó su cuenta pública, argumentando que el Congreso de Veracruz, a través del ORFIS, fiscalizó recursos federales sin contar con la delegación de facultades de la Cámara de Diputados. La Suprema Corte determinó que la revisión de la cuenta pública municipal que comprende aportaciones federales es competencia exclusiva de la Auditoría Superior de la Federación, por lo que el decreto impugnado transgredió el principio de fiscalización exclusiva de recursos federales y constituyó un exceso de facultades del Congreso local.