La regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, realizada conforme al decreto publicado el 19 de enero de 2022 y sus subsecuentes reformas y publicaciones, acredita la legal estancia del vehículo en el país, lo que impide a la autoridad aduanera iniciar un procedimiento administrativo en materia aduanera y determinar un crédito fiscal por su importación.

La Segunda Sala Regional en Jalisco del Tribunal Federal de Justicia Administrativa declaró la nulidad de una resolución que determinó un crédito fiscal por la importación de un vehículo. La Sala determinó que el actor acreditó haber regularizado el vehículo conforme al decreto publicado el 19 de enero de 2022, lo cual, según el propio decreto, tiene como efecto tener por acreditada la importación y legal estancia del vehículo en el país. Por lo tanto, la autoridad aduanera actuó ilegalmente al iniciar un procedimiento administrativo y determinar el crédito fiscal.