El otorgamiento de pensiones por jubilación a cargo de un tribunal de justicia administrativa, mediante decreto legislativo, no puede ser impugnado como norma general por dicho tribunal, sino como un acto concreto, cuando dicho decreto no constituye el primer acto de aplicación de las normas que lo fundamentan.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la controversia constitucional 20/2023, promovida por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en contra del Decreto 628 que otorgó una pensión por jubilación con cargo a su presupuesto. El Tribunal actor también impugnó diversas normas y actos relacionados con su presupuesto. La Sala determinó que la impugnación de las normas generales (Ley del Servicio Civil y Ley Orgánica del Congreso) era extemporánea, ya que el Decreto 628 no era el primer acto de aplicación de dichas normas, existiendo decretos anteriores que las habían aplicado. Por otro lado, se sobreseyó el amparo respecto al presupuesto de egresos de 2023 por cesación de efectos, al estar sujeto al principio de anualidad presupuestal. Finalmente, se determinó que el Decreto 628, al ser un acto concreto, sí fue impugnado en tiempo y forma, por lo que se continuó el análisis de fondo sobre este acto específico.