La resolución judicial que impone una multa y la resolución administrativa que determina su cobro, son actos distintos que pueden ser impugnados por separado, sin que el juicio de nulidad pueda analizar la legalidad de la sentencia judicial que originó la multa.

El presente fallo establece que la multa impuesta por una autoridad judicial, al causar ejecutoria, se convierte en un crédito fiscal exigible a través de la autoridad fiscal. El procedimiento administrativo para su cobro, regulado por el Código Fiscal de la Federación, es de naturaleza ejecutiva y requiere un título de crédito, que en este caso es la resolución administrativa que determina la existencia del crédito y da inicio al procedimiento de ejecución, como el requerimiento de pago. Se aclara que, si bien el juicio de nulidad puede impugnar los actos del procedimiento administrativo de ejecución, no puede analizar la legalidad de la sentencia judicial que impuso la multa original, pues esta última no es una resolución fiscal.