La concurrencia en el financiamiento del gasto en servicios personales para la educación pública, entre el Ejecutivo Federal y los gobiernos de las entidades federativas, conforme a la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Educación, exige la colaboración y el intercambio de información para asegurar la equidad y la correcta utilización de los recursos transferidos.

El presente caso analiza la concurrencia en el financiamiento de la educación pública entre el Ejecutivo Federal y las entidades federativas, conforme a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Educación. Se destaca la necesidad de que ambos niveles de gobierno colaboren en la búsqueda de alternativas y propuestas para mejorar la equidad y la eficiencia en el uso de los recursos transferidos. La colaboración se materializa en la obligación de las entidades federativas de proporcionar al Ejecutivo Federal la información requerida por la Secretaría de Educación Pública para el cumplimiento de las atribuciones federales en el Sistema Educativo Nacional.