La extracción de aguas nacionales de una cuenca para trasvasarlas a otra, sin la debida evaluación del impacto ambiental y sin la participación de los municipios afectados, transgrede los derechos humanos al agua y a un medio ambiente sano, así como las competencias municipales en materia ambiental.

El Municipio de Cajeme promovió controversia constitucional contra actos que permitieron el trasvase de aguas del Río Yaqui a la cuenca del Río Sonora para abastecer a Hermosillo. Argumentó violaciones a sus competencias en materia ambiental y al derecho de audiencia, al no ser consultado en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y asignación de aguas. La Suprema Corte analizó la afectación al derecho humano al agua y a un medio ambiente sano, así como la invasión de esferas de competencia municipal, concluyendo que la falta de participación y evaluación adecuada vulnera dichos derechos.