La suspensión del acto reclamado procede cuando se controvierte la legalidad de una multa impuesta a un gerente por la venta de artículos de primera necesidad a precios superiores a los autorizados, máxime si se garantiza el interés fiscal.

El gerente de una sociedad solicitó la suspensión de una multa impuesta por vender artículos de primera necesidad a precios superiores a los autorizados, argumentando que la multa debió dirigirse a la sociedad. El tribunal determinó que la suspensión sí procede, ya que su otorgamiento solo suspende la ejecución de la multa mientras se resuelve el amparo, sin impedir la aplicación del artículo 28 constitucional. Se enfatizó que si el quejoso garantiza el interés fiscal, no se le exigirá el depósito previsto en el artículo 135 de la Ley de Amparo.