El Congreso local no puede disponer directamente de los recursos financieros del Poder Judicial para cubrir pensiones, sin la intervención de este último y sin determinar la fuente de pago o partida presupuestal específica.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la invalidez parcial de un decreto que obligaba al Poder Judicial del Estado de Morelos a cubrir una pensión, al considerar que el Congreso local dispuso directamente de los recursos del Poder Judicial sin su intervención y sin especificar la fuente de pago. Se desestimó la argumentación del Poder Ejecutivo sobre una ampliación presupuestal, al no acreditarse que estuviera destinada a cubrir la carga impuesta por el decreto impugnado. La decisión se fundamenta en la autonomía presupuestal del Poder Judicial y las disposiciones constitucionales y legales que rigen la materia.