La reconducción de las Leyes de Ingresos y Egresos de un Estado no opera si la omisión de su aprobación o publicación deriva de la falta de envío de los proyectos respectivos por parte del Poder Ejecutivo al Congreso local.

El Gobernador de Nuevo León impugnó los Decretos de Reconducción de las Leyes de Ingresos y Egresos para 2024, argumentando que la reconducción era procedente por omisión del Poder Legislativo. Sin embargo, la Suprema Corte determinó que las hipótesis para la reconducción no se actualizaron, ya que la omisión legislativa no existió, sino que fue el propio Poder Ejecutivo quien incumplió su deber de enviar los proyectos de ley al Congreso, impidiendo así el proceso legislativo.