Resoluciones fiscales de la SCJN: página 18

La inconstitucionalidad de las cláusulas de un convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal, celebradas entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y una entidad federativa, se actualiza cuando no establecen los lineamientos mínimos a seguirse para la sustitución de autoridades fiscales durante el ejercicio de facultades de comprobación, contraviniendo los derechos humanos de legalidad, seg

La notificación de los hechos u omisiones al contribuyente, a su representante legal y a los órganos de dirección de las personas morales, no impide que la autoridad fiscal pueda incluir hechos u omisiones adicionales en el oficio de observaciones.

El artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, al prever un plazo de treinta días para que el contribuyente desvirtúe la presunción de inexistencia de operaciones, no viola las garantías de audiencia y defensa consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, pues dicho plazo constituye un mecanismo idóneo para ejercer el derecho de audiencia.

La validez de la orden de visita domiciliaria y la revisión de dictámenes de estados financieros se rige por las disposiciones legales vigentes al momento de su emisión.

La Ley de Ingresos de un Municipio debe prever tarifas específicas para el cobro de derechos por servicios, las cuales deben ser claras y no dejar margen a la interpretación arbitraria por parte de la autoridad.

La omisión del legislador de prever plazos ciertos y específicos que limiten el ejercicio de las atribuciones de las autoridades, una vez iniciado el procedimiento o ejercidas las facultades, no puede subsanarse con la figura de la caducidad o plazos genéricos.

El Impuesto Sobre la Renta a cargo de residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México se genera por los ingresos derivados de sus actividades y que tengan fuente de riqueza en territorio nacional, no por los objetos indirectos de los contratos que celebren en el país.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe ejercer su facultad de atracción para conocer de un amparo directo en el que se controvierte la interpretación de los artículos 1-A, fracción III, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y la regla 3.8.9 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para dos mil catorce y dos mil quince, en relación con la obligación de retener dicho impuesto en la e

La caducidad de un procedimiento de fiscalización no opera si la autoridad fiscal remite el expediente a otra unidad administrativa competente para continuar con la revisión, en virtud de un convenio de colaboración.

El artículo 82, fracción I, inciso d), del Código Fiscal de la Federación respeta los principios de igualdad y proporcionalidad al establecer un rango de multa con mínimo y máximo, permitiendo a la autoridad fiscal graduar la sanción según la infracción cometida en la presentación de declaraciones por medios electrónicos, sin que sea relevante la distinción entre grandes y pequeños contribuyentes, dado que la mayoría

La interpretación del artículo 69-B, penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, en relación con el diverso 67, no es inconstitucional por sí misma, sino que la inconstitucionalidad puede surgir de su aplicación concreta cuando se niega indebidamente la caducidad o se vulnera la seguridad jurídica por falta de plazos para resolver sobre la materialidad de operaciones.

La interpretación estricta de las normas fiscales exige ponderar que la celebración de un contrato de fletamento y la realización de cabotaje en territorio nacional actualizan una condición jurídica-tributaria que permite al contribuyente tributar en materia de impuesto sobre la renta a una tasa del 10% sobre el ingreso obtenido, sin deducción alguna.

La nulidad de una resolución administrativa que determina un crédito fiscal, al ser declarada por una Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, debe ser acatada por la autoridad fiscal, la cual no puede emitir una nueva resolución en los mismos términos de la que fue declarada nula.

La caducidad de diez años es aplicable a las contribuciones que se configuren en la fracción I del artículo 67 del Código Fiscal de la Federación.

La orden de visita domiciliaria, al ser un acto de molestia, debe precisar la fecha y hora en que debe practicarse, o la determinación de que quedará sin efectos si no se ejecuta dentro de los tres días siguientes a su autorización, cuando no se especifique la fecha exacta de su realización, en aras de garantizar la seguridad jurídica del gobernado.

El sistema de compensación universal, como mecanismo para corregir la situación fiscal de los contribuyentes durante el ejercicio de facultades de comprobación, es un derecho que debe ser respetado en tanto no se derogue o modifique la disposición legal que lo consagra.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de reclamación interpuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, determinó que dicha dependencia cuenta con legitimación para impugnar resoluciones que afecten el interés fiscal de la federación, aun cuando no se le haya reconocido el carácter de autoridad tercera interesada en el juicio de amparo.

El estado civil de casado, aun cuando se haya disuelto el vínculo matrimonial, tiene consecuencias jurídicas en diversas materias, como la fiscal, por lo que la reposición del procedimiento para atender las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, sin dejar intocada la sentencia de divorcio, no contraviene el derecho a la seguridad jurídica.

El principio de progresividad de los derechos humanos, en su vertiente de no regresividad, obliga a interpretar las normas de manera que se amplíe el alcance de los derechos humanos y se evite su restricción o desconocimiento, lo cual es aplicable al otorgamiento de la protección constitucional solicitada para aplicar un mismo supuesto sin necesidad de ser sujeto de facultades de comprobación.

La circunstancia de que un contribuyente no se localice en su domicilio fiscal, por sí sola, no actualiza el supuesto de suspensión del plazo de la visita domiciliaria si dicho domicilio ha sido ocupado de manera constante y no se ha presentado aviso de cambio.

La nulidad de una resolución que niega el trato preferencial arancelario puede ser reclamada aun cuando se emita una segunda resolución sobre la misma materia, en virtud de que la emisión de un nuevo acto no purga los vicios originales ni impide su impugnación, máxime que en el juicio administrativo opera el principio de litis abierta.

La omisión de la autoridad fiscal de informar al contribuyente sobre sus derechos al inicio de las facultades de comprobación, conforme al artículo 2, fracción XII, último párrafo, de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, no afecta la validez de las actuaciones de la autoridad, sino que únicamente da lugar a fincar la responsabilidad administrativa correspondiente.

La presunción de inexistencia de operaciones, prevista en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, se desvirtúa si el contribuyente demuestra fehacientemente haber recibido los servicios que amparan los comprobantes fiscales, aun cuando el proveedor haya sido incluido en el listado definitivo de contribuyentes que emitieron comprobantes sin contar con la infraestructura necesaria.

La procedencia del recurso de reclamación contra el acuerdo que admite a trámite un recurso de revisión, en materia de inconstitucionalidad de una norma, está sujeta a la demostración de que el asunto reviste un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos, sin que sea suficiente la mera reiteración de argumentos ya desestimados por el tribunal colegiado.

El impuesto al valor agregado se causa tanto por la enajenación de bienes o mercancías, como por su ingreso a territorio nacional a título de importación, tratándose de bienes en depósito fiscal, al tratarse de dos capacidades contributivas diversas y dos fuentes de riqueza distintas.

La facultad de la autoridad hacendaria para comprobar la comisión de delitos fiscales, prevista en el artículo 42, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, no invade las facultades de investigación y persecución de los delitos que el artículo 21 constitucional otorga al Ministerio Público, por analogía con la tesis aislada P. CL/2000.

El principio de litis abierta en el juicio contencioso administrativo permite al juzgador examinar la legalidad de la resolución impugnada, así como la del acto administrativo que le dio origen, aun cuando se reproduzcan argumentos ya analizados en el recurso administrativo.

La facultad de requerir información o documentación fuera de una visita domiciliaria, prevista en el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, no está sujeta al principio de presunción de inocencia, al tratarse de una atribución distinta a las que se ejercen en el ámbito de un proceso penal o de un procedimiento administrativo sancionador.

Los agentes navieros que presten servicios a residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México deben aplicar la tasa del 16% del IVA a las contraprestaciones por servicios portuarios vinculados con la importación de bienes, y la tasa del 0% a las contraprestaciones por transportación internacional de bienes vinculados con la exportación, desglosando los montos en el CFDI y aplicando la tasa corresp

El artículo 127 del Código Fiscal de la Federación, al condicionar la impugnación de violaciones procedimentales hasta la publicación de la convocatoria de remate, no viola las garantías de audiencia, seguridad jurídica y acceso a la justicia, pues el procedimiento administrativo de ejecución es un conjunto de actos y formalidades para hacer efectivo coactivamente un crédito fiscal.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el artículo 23, párrafos sexto a décimo octavo, del Código Fiscal de la Federación, no vulnera los principios de proporcionalidad y equidad tributarias, legalidad y seguridad jurídica, ni el de razonabilidad, al no prever la figura de la "compensación universal" sino únicamente la posibilidad de corregir la situación fiscal de contribuyentes sujetos a facultades

La nulidad de una resolución administrativa debe declararse para el efecto de que la autoridad emita una nueva resolución, en la que, partiendo de la normativa aplicable y con base en la documentación e información aportada por el contribuyente, analice las operaciones y determine si existe o no un indebido acreditamiento del impuesto al valor agregado.