Resoluciones fiscales de la SCJN: página 17

La compensación universal de saldos a favor no puede ser restringida a contribuyentes que se encuentren en proceso de fiscalización, pues ello genera una desigualdad inaceptable entre los pagadores de impuestos.

Las autoridades fiscales deben devolver las cantidades pagadas indebidamente, y al ejercer la facultad de requerir información adicional para la procedencia de una devolución, deben observar los parámetros legales, como los plazos perentorios y que la información solicitada sea pertinente y requerida al propio contribuyente.

La interpretación del artículo 195 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en dos mil trece, en el sentido de que la expresión “títulos de que se trate” se refiere a “títulos de crédito”, es la que debe prevalecer, por lo que no aplica a intereses derivados de préstamos.

La pérdida de la autorización para recibir donativos deducibles, por exclusión, obliga a las personas morales a tributar conforme al Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al dejar de cumplir los requisitos para ser consideradas como no contribuyentes en términos del Título III de dicha ley.

La inconstitucionalidad del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, en la porción normativa que adicionó los párrafos sexto al decimoctavo, al contravenir los derechos fundamentales de igualdad y seguridad jurídica previstos en los artículos 1o., 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por aplicarse de manera restrictiva a contribuyentes sujetos a facultades de comprobación.

El Impuesto Sobre la Renta (ISR) a cargo de personas residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México, debe generarse sobre los ingresos derivados de sus actividades y que tengan fuente de riqueza en territorio nacional, no sobre los objetos indirectos de los contratos que celebren en o con México.

La autoridad fiscal debe realizar una interpretación sistemática y armónica de los artículos 17-K y 134, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, para determinar el alcance del aviso de confirmación del buzón tributario, pues sostener que solo se envía una vez al dar de alta el buzón desnaturaliza su propósito de corroborar el correcto funcionamiento del medio de contacto y no atiende a la realidad de las fall

La determinación de créditos fiscales y la consideración de operaciones como simuladas, en términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, constituyen actos privativos que exigen la garantía de audiencia previa del contribuyente.

El artículo 15-D, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, al establecer la condicionante para dar efectos fiscales a los pagos por subcontratación de personal, no viola los principios de justicia fiscal, pues la prestación de un servicio prohibido por la Ley Federal del Trabajo no es objeto del Impuesto al Valor Agregado, y por ende, los gastos derivados de dichos servicios no pueden ser deducibles o acre

El artículo 196 del Código Fiscal de la Federación, al facultar a la autoridad administrativa para retener el remanente de bienes embargados por veinticuatro meses sin compensación, aun cuando se haya cubierto el crédito fiscal y accesorios, contraviene el artículo 22 constitucional al constituir una confiscación.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la fracción V del artículo 141 del Código Fiscal de la Federación no viola el derecho a la libertad de comercio o trabajo, ni las garantías de equidad y no discriminación, al establecer distinciones en los bienes que pueden ser aceptados como garantía del interés fiscal, pues dichas distinciones no se basan en categorías sospechosas ni afectan los elementos esen

Las personas sujetas a una revisión de gabinete o a una visita domiciliaria no se encuentran en circunstancias análogas ni comparables, desde la perspectiva del derecho a la igualdad, frente a aquellas que no están siendo fiscalizadas a través de las facultades de comprobación.

La aplicación retroactiva de un decreto que impone nuevas obligaciones fiscales, como la presentación de un dictamen y aviso, contraviene el principio de irretroactividad de la ley consagrado en el artículo 14 de la Constitución Federal, al pretender exigir el cumplimiento de obligaciones inexistentes en el ejercicio fiscal previo a su entrada en vigor.

El principio de proporcionalidad tributaria no se vulnera por el hecho de que la Ley del Impuesto al Valor Agregado no reconozca la compensación como un medio efectivo de pago que permita acceder a la devolución del impuesto pagado, pues dicho principio se vincula con la obligación de contribuir a los gastos públicos y no con la forma de extinguir las obligaciones fiscales.

La libertad de configuración legislativa del Congreso para establecer tributos, si bien amplia, no es ilimitada, pues debe respetar las deducciones estructurales indispensables para la generación de ingresos gravables.

El secreto financiero o bancario es parte del derecho a la vida privada del cliente o deudor y, por tanto, está protegido por la garantía de seguridad jurídica en su vertiente de derecho a la privacidad o intimidad.

La cancelación de CFDI que amparan ingresos, realizada fuera del ejercicio fiscal en que se emitieron, requiere justificación y comprobación documental, conforme al artículo 29-A, fracción I, del Código Fiscal de la Federación.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la autoridad fiscal debe analizar la documentación e información presentada por un contribuyente para acreditar la materialidad de las operaciones, aun cuando el emisor del comprobante fiscal se encuentre en el listado de contribuyentes que avalan operaciones inexistentes.

La suspensión de los actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, para que surta efectos, requiere la constitución de una garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora, conforme a los artículos 28, fracción II, inciso a) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 141, párrafos tercero, quinto y séptimo del Código F

El artículo 23 del Código Fiscal de la Federación no viola la garantía de seguridad jurídica, al prever el procedimiento para la compensación de adeudos fiscales y la obligación de la autoridad de notificar personalmente la resolución que la determine, sin que sea necesaria una disposición expresa que la faculte a contestar el aviso de compensación.

La competencia territorial de las direcciones de fiscalización de la Ciudad de México debe estar expresamente conferida en la ley para la validez de los actos de autoridad que emitan.

El análisis de la constitucionalidad de los artículos 223 y 231 de la Ley Federal de Derechos para el ejercicio de dos mil catorce, en relación con el principio de legalidad tributaria, debe partir de la premisa de que la remisión a normas secundarias o elementos técnicos no es, por sí misma, contraria a dicho principio, siempre que los elementos esenciales de la contribución estén plasmados en la ley y la remisión s

El artículo 121 del Código Fiscal de la Federación no prevé la interposición del recurso de revocación a través del Servicio Postal Mexicano, sino exclusivamente mediante el buzón tributario, por lo que resultan inoperantes los argumentos de inconstitucionalidad que se basan en la imposibilidad de utilizar medios diversos al buzón tributario.

La revisión de gabinete y la visita domiciliaria, en ejercicio de las facultades de comprobación de saldos a favor, no están sujetas a las formalidades y plazos de los artículos 46 y 46-A del Código Fiscal de la Federación, pues estos últimos rigen la fiscalización para determinar créditos fiscales.

El artículo 141, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación, al establecer los títulos valor como garantía del interés fiscal, no viola los principios de razonabilidad legislativa, propiedad, seguridad jurídica ni legalidad, pues permite al contribuyente garantizar el interés fiscal mediante dichos títulos.

La deducción de gastos menores, mano de obra eventual y alimentación de ganado, al ser erogaciones necesarias para la obtención de ingresos, deben ser consideradas como deducibles para efectos del ISR, en términos del artículo 28, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre que se cumplan los requisitos legales para su procedencia.

El principio de seguridad jurídica y la garantía de audiencia se vulneran cuando los artículos 134, fracción III, y 139 del Código Fiscal de la Federación no establecen con claridad los supuestos y el procedimiento para determinar que un contribuyente se encuentra como no localizado, lo que impide la correcta notificación por estrados.

El artículo 70, párrafo cuarto, del Código Fiscal de la Federación no vulnera el principio de equidad tributaria al limitar la reducción de multas al 50% a los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal, pues no se encuentran en una situación comparable con los contribuyentes del régimen de actividades empresariales y prestación de servicios profesionales.

Los comprobantes fiscales digitales por internet, al formar parte de los registros y asientos contables, deben estar en idioma español y las cantidades en moneda nacional, siendo necesaria su traducción para efectos de devolución de saldo a favor.

El buzón tributario es un sistema de comunicación electrónica que, al ser el medio a través del cual la autoridad hacendaria envía los avisos y notificaciones, debe cumplir con los principios de legalidad y seguridad jurídica.

La detención ministerial, en casos urgentes y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, es constitucionalmente válida si se satisfacen los requisitos legales y se pone al indiciado a disposición del juez sin dilación.

La cuestión de legalidad relativa a la inaplicabilidad de un acuerdo para el cálculo de derechos, conforme a la Ley Federal de Derechos, no es de constitucionalidad y, por ende, no puede ser analizada en amparo directo en revisión.