Resoluciones fiscales de la SCJN: página 32

El control difuso de constitucionalidad no es el medio idóneo para determinar la aplicación de un criterio normativo en sustitución de una norma de ley, pues ello atañe a un análisis de legalidad sobre la correcta aplicación de las disposiciones fiscales.

El error de tipo, como excluyente del delito de defraudación fiscal, no se actualiza cuando el contribuyente incurre en un error en las operaciones aritméticas o en la apreciación de los elementos que constituyen la obligación tributaria, sino cuando existe una equivocación sobre los elementos que integran el tipo penal.

VERIFICACIÓN DE DATOS DE LOS CUENTAHABIENTES DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO (SOCAPS). ATF/GAGG

La negativa de devolución de cantidades por concepto de saldo a favor del Impuesto Sobre la Renta, basada en el análisis de la documentación aportada por el contribuyente durante una visita domiciliaria, no constituye una inferencia sin sustento, siempre que dicho análisis permita constatar si le asiste o no el derecho subjetivo solicitado.

El Impuesto Sobre la Renta (ISR) no se pagará por la obtención de ingresos derivados de la enajenación de acciones u otros títulos valor que se efectúen a través de bolsa de valores autorizada o en mercados de amplia bursatilidad, siempre que se consideren colocados entre el gran público inversionista.

La deducción de los consumos en restaurantes, tratándose de personas morales y físicas con actividades empresariales y profesionales, se limita hasta por un monto del 12.5% del pago realizado, conforme a la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente.

La reposición del procedimiento en materia de fiscalización, derivada de una orden de visita domiciliaria declarada insubsistente por vicios formales, es jurídicamente posible, permitiendo a la autoridad emitir una nueva resolución basada en los mismos hechos revisados, salvo que la insubsistencia se deba a incompetencia material de la autoridad, caso en el cual la nueva orden debe fundarse en hechos diferentes.

SE DESECHA POR IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVISIÓN QUE HACE VALER LA PARTE QUEJOSA, EN VIRTUD DE QUE EL CASO NO REVISTE EL CARÁCTER DE IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ATF/GAGG/KPSA

La calificación de "información" a los oficios emitidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en lugar de "documentos", no tiene sustento legal, pues dichos escritos contienen datos fidedignos susceptibles de emplearse para probar algo.

La presunción de inexistencia de operaciones de un contribuyente, prevista en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, no requiere la práctica de una visita domiciliaria, pero debe fundarse en un procedimiento de compulsa que garantice la seguridad y certeza jurídica del gobernado.

El plazo de seis meses para que la autoridad fiscal notifique la resolución determinante de contribuciones omitidas, posterior a la conclusión de una visita domiciliaria o revisión de gabinete, debe computarse de momento a momento, a partir de la fecha en que se levante el acta final o venzan los plazos de espera, sin que deba considerarse la fecha en que surte efectos la notificación del requerimiento de información

SE DESECHA, POR IMPROCEDENTE, EL RECURSO DE REVISIÓN QUE HACE VALER EL AUTORIZADO LEGAL DE LA PARTE QUEJOSA, EN VIRTUD DE QUE NO SE REÚNEN LOS REQUISITOS DE IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA REFERIDOS EN LA FRACCIÓN IX, DEL ARTÍCULO 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. RGPM*CRA

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 77/2020, determinó que la falta de delimitación de la información a revisar en una orden de visita domiciliaria, en contravención de los artículos 14 y 16 constitucionales, genera una violación al debido proceso que debe ser analizada de oficio por el juzgador.

El recurso de revisión contra el desechamiento de un amparo indirecto debe admitirse si la cuestión planteada sobre la inconstitucionalidad del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por falta de certeza jurídica y parámetros para valorar la situación económica del contribuyente, reviste importancia y trascendencia.

SE DESECHA POR IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVISIÓN QUE HACE VALER EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PARTE QUEJOSA EN VIRTUD DE QUE NO SE CUMPLEN LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 10, FRACCIÓN III Y 21, FRACCIÓN III, INCISO A) DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN ATF/GAGG

SE DESECHA POR IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVISIÓN QUE HACE VALER LA PARTE QUEJOSA, EN VIRTUD DE QUE EL CASO NO REVISTE EL CARÁCTER DE IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. GRPM/CRA/RDJCB

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 3163/2019, determinó que la solicitud de información contable ajena a las obligaciones de seguridad social, durante una visita domiciliaria, excede las facultades de comprobación del Instituto Mexicano del Seguro Social si no se funda y motiva debidamente la competencia para ello, aun cuando se cite el Código Fiscal de la Federación.

El plazo de dos años para la culminación de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, establecido en el artículo 46-A, inciso B, del Código Fiscal de la Federación, no viola el principio de seguridad jurídica contenido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no ser excesivo ni injustificado.

La exigencia de exponer "hechos diferentes" en la orden de una nueva visita domiciliaria, tratándose de contribuciones y ejercicios ya revisados, constituye una formalidad esencial del procedimiento que, de no cumplirse, genera la nulidad de dicha orden, al ser un requisito indispensable para garantizar la seguridad jurídica del gobernado.

El artículo 303 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta no exige mayores requisitos que el diverso 185 de la Ley relativa, para efectos de la devolución del saldo a favor del contribuyente, en tratándose de depósitos en cuentas especiales para el ahorro.

JUICIO DE NULIDAD EN CONTRA DE LA DETERMINACIÓN DE UN CRÉDITO FISCAL POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 POSIBLE TEMA DE PROCEDENCIA: LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ARTICULOS 14 ÚLTIMO PÁRRAFO Y 67 EL QUEJOSO ARGUMENTA VIOLACIÓN A SUS GARANTÍAS CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 14, 16 Y 31 FRACCIÓN IV ADB/GAGG artículo 67 de la Ley Federal del Procedimiento

La constancia expedida por una persona moral a sus socios, donde se indica que los dividendos o utilidades distribuidos provienen de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN), es suficiente para que la persona física efectúe el acreditamiento del impuesto sobre la renta previsto en el artículo 165, párrafo primero, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente hasta el 31 de diciembre de 2013.

REVISIÓN ADMINISTRATIVA. DILUCIDAR CUÁLES SON LOS ELEMENTOS A CONSIDERAR PARA DETERMINAR LA CUANTÍA DEL ASUNTO PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 63, PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

MECÁNICA DE TRIBUTACIÓN RELACIONADA CON LA ENAJENACIÓN E IMPORTACIÓN DE COMBUSTIBLES FÓSILES (GASOLINAS Y DIÉSEL) Y NO FÓSILES (APLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CUOTAS, DISTRIBUCIÓN DE LO RECAUDADO) EL QUEJOSO ARGUMENTA VIOLACIÓN A SUS GARANTÍAS CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 1º, 14, 16 Y 31, FRACCIÓN IV CONSTITUCIONALES MECM / MAGC / VPA

SE DESECHA POR IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVISIÓN QUE HACE VALER EL AUTORIZADO DE LA QUEJOSA, EN VIRTUD DE QUE EL CASO NO REVISTE EL CARÁCTER DE IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ATF/GAGG

La identificación de los visitadores en una visita domiciliaria es un requisito formal que salvaguarda la seguridad jurídica del contribuyente, al permitirle verificar la investidura de quienes realizan la función de fiscalización.

El artículo 46-A, párrafo penúltimo, del Código Fiscal de la Federación, al prever la suspensión del plazo para concluir la visita domiciliaria cuando el contribuyente interpone un medio de defensa, garantiza el derecho de acceso efectivo a la justicia, sin vulnerar los derechos de seguridad jurídica ni la inviolabilidad del domicilio.

La interpretación de la legalidad de un acto de molestia, como lo es una visita domiciliaria, debe atender a los derechos fundamentales de audiencia y legalidad previstos en la Constitución.

La suspensión del plazo para concluir la visita domiciliaria, derivada de la interposición de un medio de defensa por parte del contribuyente, no impide a la autoridad fiscal continuar requiriendo datos, informes o documentos para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales.

El artículo 42, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, al establecer las facultades de la autoridad fiscal para la práctica de visitas domiciliarias, se complementa con lo señalado en el diverso numeral 45 del citado Código Tributario, el cual determina que los visitados, sus representantes o con quien se entienda la visita domiciliaria están obligados a permitir a los visitadores el acceso al lugar objeto

El recurso de revisión fiscal procede contra sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que declaran la nulidad de un acto administrativo por vicios formales, cuando la nulidad se funde en la ilegalidad de la notificación del acta final de visita domiciliaria por haber concluido fuera del plazo legal.

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. DETERMINAR SI PROCEDE EN CONTRA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL SE PUBLICA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL LISTADO DE LOS CONTRIBUYENTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 69-B PÁRRAFO TERCERO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE NO HAYAN DESVIRTUADO LOS HECHOS QUE SE LES IMPUTARON BAJO EL SUPUESTO DEL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN V, DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA

La inexistencia de operaciones amparadas por comprobantes fiscales, para efectos de negar una solicitud de devolución de cantidades pagadas indebidamente, no requiere la observancia del procedimiento previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, sino la aplicación del artículo 22 del mismo ordenamiento, el cual se satisface mediante revisión de gabinete o visita domiciliaria.

DETERMINAR SI LA LEY RECLAMADA ES INVASIVA DE LAS ESFERAS COMPETENCIALES DE LA FEDERACIÓN Y SI EN EL RECURSO SUBSISTE EL PROBLEMA DE INVASIÓN DE ESFERAS POR PARTE DE LA AUTORIDAD LOCAL A LA FEDERAL, PUES LAS AUTORIDADES RESPONSABLES RECURRENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS MORALES QUEJOSAS COMBATEN LAS CONSIDERACIONES FORMULADAS POR LA JUEZ DE DISTRITO, PUES INSISTEN SOBRE EL TEMA COMPETENCIAL PARA CREAR LOS TRIBUTOS AMBIE

La obligación de pago del IVA y la obligación de retenerlo son figuras jurídicas distintas, cada una con una finalidad específica y un sujeto obligado diferente.

DEMANDA EN LA VÍA ORDINARIA CIVIL FEDERAL LA RESCISIÓN DEL CONTRARO CJF/SEA/DGIM/LP/16/2017 DE 24 DE OCTUBRE DE 2017, CELEBRADO ENTRE LA PARTE ACTORA Y LA DEMANDADA, CUYO OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ EN UN INMUEBLE DEL PROPIO CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL UBICADO EN AVENIDA QUINTÍN RODRÍGUEZ SIN NÚMERO, DELEGACIÓN LA PILA, SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS

La indemnización prevista en el artículo 6, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, procede cuando la resolución impugnada se anula por vicios formales, como la ausencia o insuficiencia de fundamentación y motivación, y no únicamente por la ausencia total de la misma.

Las personas morales que persiguen fines preponderantemente económicos, aun cuando se constituyan como asociaciones o sociedades civiles, deben tributar en el régimen general de las personas morales, al contravenir el concepto de "fin no lucrativo".

Las personas morales no contribuyentes del ISR que persigan fines preponderantemente económicos, al obtener ingresos gravables, deben tributar en el ISR, pues de lo contrario gozarían de un beneficio injustificado frente a las personas morales contribuyentes.