Resoluciones fiscales de la SCJN: página 14

La inconstitucionalidad de las normas que regulan la contabilidad y la fiscalización de las operaciones no se actualiza por la sola exigencia de que los contribuyentes conserven la documentación comprobatoria de sus asientos, sino por la ausencia de parámetros mínimos que generen certeza sobre la información requerida para acreditar la materialidad de las operaciones.

La inconstitucionalidad de un precepto legal no puede derivar de la sola circunstancia de que establezca requisitos formales para la deducibilidad de gastos, sino que debe atender a si dichos requisitos son razonables, proporcionales y si cumplen con la finalidad de dar certeza y control a la actividad fiscal del Estado.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver un recurso de reclamación, determinó que el artículo 15-D, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, no viola los principios de justicia fiscal al prohibir los efectos fiscales de la subcontratación de personal cuando esta no forma parte del objeto social de la beneficiaria, pues dicha prohibición busca evitar la evasión fiscal y asegurar la correcta tr

La presunción de inocencia exige que la responsabilidad penal se demuestre más allá de toda duda razonable, y la mera existencia de indicios o la acreditación del cuerpo del delito no son suficientes para desvirtuarla.

El artículo 69-B Bis del Código Fiscal de la Federación es constitucional, pues la presunción de transmisión indebida de pérdidas fiscales que establece, al actualizarse, no viola la garantía de legalidad tributaria.

La contraprestación por el suministro de energía eléctrica, aun cuando no sea una contribución fiscal, es equiparable a un derecho para efectos de la garantía en el juicio de amparo, cuando es fijada por el Estado a través de una empresa productiva estatal.

El salario mínimo no puede ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza, como lo es el cálculo de ingresos exentos en materia fiscal, debiendo emplearse en su lugar la Unidad de Medida y Actualización.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de revisión 603/2024, determinó que la falta de estudio oficioso de la querella por parte de la sala responsable, la consignación por un delito distinto al que se formuló la querella, la omisión de requerimientos y invitaciones previas al contribuyente, la contradicción en la opinión técnica contable y la ausencia de depósitos bancarios relevantes, con

La Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de las contradicciones de tesis suscitadas entre tribunales colegiados de circuito de la misma región, siempre que la denuncia provenga de las partes en los asuntos que las motivaron, la o el Fiscal General de la República, las magistradas o los magistrados del tribunal colegiado de apelación, las juezas o los jueces de distrito, o los propios tribu

El pago de intereses por devolución de pago de lo indebido, conforme al artículo 22-A del Código Fiscal de la Federación, procede cuando no existe solicitud de devolución y/o cuando la devolución se efectúa en cumplimiento a una resolución o sentencia, sin que sea requisito que el fallo jurisdiccional ordene expresamente la devolución de las cantidades pagadas indebidamente.

La suspensión del plazo de doce meses para concluir una visita domiciliaria, prevista en el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, es legalmente válida cuando la autoridad se ve impedida para continuar sus facultades de comprobación por caso fortuito o fuerza mayor, como ocurrió durante la pandemia de COVID-19.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 580/2024, determinó que la solicitud de devolución de cantidades amparadas en Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) emitidos en idioma distinto al español o en moneda extranjera, requiere la traducción correspondiente y la especificación del tipo de cambio utilizado por cada operación, conforme a los artículos 28, fracc

La Regla 7.3.1., apartado C, fracción VI, de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2019 y 2020, al prever la obligación de retener el IVA que se traslade por la adquisición de bienes tangibles o por su uso o goce temporal, cuando sean enajenados o el uso o goce sea otorgado por residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México, excede lo establecido en la norma habilitante para la causació

El recurso de reclamación es procedente cuando se impugna la constitucionalidad de una disposición de la Ley de Ingresos de la Federación y no existe jurisprudencia que resuelva el tema planteado.

La resolución que pone fin a una visita de verificación es un acto de autoridad definitivo, impugnable a través del juicio contencioso administrativo o recurso administrativo, aun cuando no imponga una sanción directa, pues de ella pueden derivarse consecuencias perjudiciales para el gobernado.

El recurso de reclamación es procedente cuando se interpone contra el acuerdo que admite a trámite el recurso de revisión, siempre que se cumpla con el requisito de legitimación.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe analizar la constitucionalidad de normas y jurisprudencias que limitan la voluntad de los particulares para extinguir obligaciones fiscales, aun cuando existan criterios obligatorios que interpreten dichas normas.

La emisión extemporánea de reglas de carácter general para el cumplimiento de obligaciones fiscales, como el aviso y dictamen, vulnera los principios de certeza y seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales, al generar incertidumbre en el contribuyente sobre el momento en que debe cumplir dichas obligaciones y las consecuencias de su incumplimiento.

El artículo 67, fracción IV, del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de enero de dos mil cuatro, no viola los derechos de igualdad y seguridad jurídica del contribuyente al prever que el acta de incumplimiento de obligación garantizada se notifique únicamente a la afianzadora, pues el co

La visita al lugar de trabajo ordenada por el juzgador laboral, con fundamento en el artículo 782 de la Ley Federal del Trabajo, no es violatoria del principio de inviolabilidad del domicilio, al tratarse de una diligencia necesaria para el esclarecimiento de la verdad en un juicio laboral.

La obligación de exhibir la documentación que acredite la legal propiedad, posesión, estancia, tenencia o importación de mercancías de procedencia extranjera, debe cumplirse durante el desarrollo de la visita domiciliaria, sin que la autoridad pueda exigir su presentación con posterioridad a su conclusión.

La responsabilidad de reportar fallas técnicas en el sistema de facturación electrónica recae en la autoridad fiscal, no en el contribuyente, cuando los recibos electrónicos carecen de la debida fundamentación y motivación.

La presentación de pedimentos de rectificación ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, como sustento de una solicitud de acuerdo conclusivo, no surte efectos ante la autoridad fiscalizadora si no se exhiben directamente ante esta.

La inconstitucionalidad del artículo 184, fracción III, de la Ley Aduanera, al establecer multas excesivas, al no prever circunstancias para individualizar la sanción ni facultar a la autoridad para valorar la capacidad económica y gravedad de la infracción, contraviene el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las facultades de fiscalización y sanción de los órganos internos de control deben ejercerse dentro de los límites constitucionales y legales, respetando la autonomía de los organismos garantes y los principios del Pacto Federal.

La devolución de un crédito fiscal declarado nulo, aun cuando el contribuyente hubiese pagado el crédito fiscal, no genera el pago de intereses moratorios a cargo de la autoridad hacendaria, si la devolución se solicita por el contribuyente y no se realiza de forma oficiosa por la autoridad como consecuencia directa de la ejecución de la sentencia de nulidad.

La inconstitucionalidad de una ley puede ser analizada en amparo directo si el acto reclamado, aunque derive de la misma secuela procesal, se sustenta en la aplicación de dicha norma y su análisis trasciende a la validez de la resolución determinante del crédito fiscal.

Los agentes navieros que presten servicios a residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México, deben aplicar la tasa del 16% del IVA a las contraprestaciones por servicios vinculados a la importación de bienes, y la tasa del 0% a los vinculados con la exportación de bienes que se aprovechen en el extranjero.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la autoridad fiscal no puede determinar unilateralmente la base del impuesto sobre la renta por regalías, sino que debe atender a las operaciones, razones y circunstancias de la actualización de dicha figura jurídica, en conjunto con el contribuyente.

La fracción II de la Regla 9.16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil diecinueve, al establecer un requisito de volumen de ingresos no previsto en el artículo 16, apartado A, fracción I, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, para acceder al estímulo fiscal por diésel o biodiesel, transgrede los principios de reserva de ley y subordinación jerárquica.

La impugnación de una reforma a las tarifas de un impuesto, bajo el argumento de que los nuevos parámetros carecen de progresividad y no respetan la capacidad de pago del contribuyente, constituye la reclamación de un nuevo acto legislativo y no de aspectos ya previstos en la norma.

El derecho a recibir intereses por parte de la autoridad fiscal, con motivo de una devolución de pago de lo indebido, no surge de forma automática, sino que requiere una instancia jurisdiccional que así lo ordene expresamente.