Resoluciones fiscales de la SCJN: página 13

La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que el requisito de procedibilidad de querella por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previsto en el artículo 92, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, solo es aplicable a los delitos tipificados en dicho ordenamiento.

El requerimiento de bienes embargados a un depositario removido, realizado por el ejecutor fiscal, debe estar debidamente fundado y motivado en cuanto a la competencia del funcionario y la legalidad del acto, cumpliendo con los plazos y formalidades establecidos en el Código Fiscal de la Federación.

La procedencia del recurso de revisión en amparo directo requiere que la resolución recurrida, además de decidir sobre la constitucionalidad de una norma general, contenga un pronunciamiento sobre el concepto de violación de constitucionalidad o que, a pesar de no haberlo hecho, se trate de un asunto de interés excepcional en materia de constitucionalidad o derechos humanos.

El factor de acreditamiento del IVA no debe incluir actos o actividades no objeto que no actualicen el elemento de vinculación territorial, pues su inclusión transgrede los principios de proporcionalidad y equidad tributarias.

El recurso de reclamación es improcedente cuando se interpone contra un acuerdo que admite a trámite un amparo directo en revisión, si la parte recurrente no demuestra que dicho acuerdo le cause un perjuicio irreparable.

La inconstitucionalidad de los artículos 5, párrafo tercero del Reglamento del Servicio de Administración Tributaria y 28 del Código Fiscal de la Federación, al considerar que transgreden los principios de legalidad tributaria y seguridad jurídica, debe analizarse a la luz de la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El Servicio de Administración Tributaria, al emitir resoluciones de carácter general, debe fundamentar su existencia y competencia en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

La facultad de la autoridad fiscal para emitir órdenes de visita y créditos fiscales se sustenta en el artículo 42, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, la cual le permite revisar el cumplimiento de obligaciones fiscales y determinar contribuciones omitidas.

El levantamiento de actas en el procedimiento de visita domiciliaria, en específico la última acta parcial, puede poner en peligro el derecho humano a la salud y a la vida del personal de la quejosa que atendió la diligencia.

La ampliación del plazo de las facultades de comprobación, por solicitud de información a autoridades extranjeras, no requiere una motivación reforzada, sino la expresión de las razones que la justifiquen.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que las reglas de carácter general emitidas por el Servicio de Administración Tributaria, en ejercicio de las facultades conferidas por el Código Fiscal de la Federación, pueden requerir información adicional para verificar la identidad, domicilio y situación fiscal de los solicitantes de la e.firma, sin contravenir los principios de reserva de ley y subordinación j

El plazo de doce meses para concluir la visita domiciliaria, computado conforme a las reglas de suspensión, feneció el veintiséis de marzo de dos mil veinte, por lo que la notificación del oficio de observaciones realizada el veintisiete de marzo de ese año, es extemporánea.

La inconstitucionalidad de normas generales abstractas, como los artículos 134, fracción III, 139, 156-Bis y 156-Ter del Código Fiscal de la Federación, debe impugnarse a través de un juicio de amparo indirecto, y no a través de un amparo directo en contra de la orden de inmovilización de una cuenta bancaria.

La orden de visita domiciliaria para verificar la legal posesión, estancia, tenencia o importación de mercancías, así como el cumplimiento de diversas obligaciones fiscales y aduaneras, es legal aun cuando se dirija genéricamente al propietario y/o poseedor.

La revisión adhesiva, por su naturaleza accesoria, debe declararse sin materia cuando el recurso de revisión principal no prospera.

La notificación de un acto administrativo fiscal es legalmente válida si se realiza a través del Buzón Tributario, aun cuando el contribuyente no lo haya leído dentro del plazo legal, siempre que se haya enviado al medio de contacto registrado por el propio contribuyente y se cumpla con los requisitos formales de la e.firma.

La facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación procede cuando un Tribunal Colegiado de Circuito solicita conocer de un amparo directo por su interés y trascendencia, derivados de cuestiones de índole fiscal con impacto económico y recaudatorio.

La devolución del impuesto al activo, prevista en el artículo tercero transitorio de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, debe interpretarse en el sentido de que el derecho a su recuperación se actualiza al momento del pago efectivo del ISR, sin que sea necesario que dicho pago sea en ejercicios consecutivos, y el plazo de diez años para solicitarla se computa a partir del primer ejercicio en que se pagó el ISR pos

El plazo de doce meses para la substanciación de los acuerdos conclusivos, previsto en el artículo Octavo, fracción III, de las Disposiciones Transitorias del Código Fiscal de la Federación, es constitucionalmente válido al constituir una medida razonable que preserva el derecho de acceso a la justicia y la celeridad de los mecanismos alternativos de solución de controversias.

La procedencia del recurso de revocación contra actos de fiscalización no está supeditada a la impugnación de actos de ejecución, sino a la naturaleza del acto de origen, conforme a la legislación aplicable.

El recurso de revisión adhesiva debe desecharse cuando se interpone por una autoridad que no tiene interés jurídico en la subsistencia del acto reclamado.

La revisión de gabinete o escritorio, al ser una facultad de comprobación distinta a la visita domiciliaria, exige que la autoridad precise desde la orden de solicitud los documentos o datos a requerir, sin que le sea dable emitir requerimientos indefinidos o de forma sucesiva, pues el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación no contempla la posibilidad de solicitar por segunda o ulterior ocasión informes, dato

El derecho a la tutela judicial efectiva se vulnera cuando la interpretación de las normas procesales relativas al envío de demandas por correo certificado genera incertidumbre jurídica sobre el ejercicio de dicho derecho, al confundir los conceptos de residencia y domicilio fiscal.

La competencia de la Administración General de Grandes Contribuyentes para fiscalizar a un contribuyente no se actualiza por el simple hecho de que este último haya realizado operaciones con un gran contribuyente, sino que debe ser la operación misma la que se haya llevado a cabo con un sujeto de esa naturaleza.

La inconstitucionalidad de una norma fiscal que establece plazos diferenciados para la caducidad de las facultades de las autoridades fiscales, sin justificación objetiva y razonable, transgrede la garantía de seguridad jurídica.

La interpretación sistemática de los artículos 34 y 35 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como del artículo 16, apartado A, fracción I, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, permite considerar a las locomotoras como maquinaria en general para efectos de la procedencia del estímulo fiscal consistente en la deducción del diésel o biodiesel y sus mezclas.

La interpretación administrativa de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, prevalece sobre las disposiciones de dicha ley, en virtud de su carácter de disposición general publicada en el Diario Oficial de la Federación.

La obligación de mantener la confidencialidad de la documentación proporcionada, así como la valoración de pruebas documentales, deben ser analizadas de forma concatenada por la Sala responsable.

La naturaleza y objeto de las actas de visita domiciliaria, así como las facultades de comprobación y gestión de las autoridades fiscales, son aspectos que deben ser analizados a la luz de los principios constitucionales y legales que rigen la actuación de la administración pública.

El principio de equidad tributaria exige que las personas físicas y morales que realizan actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, y se encuentran en una situación jurídica similar, reciban el mismo trato fiscal, salvo que existan razones objetivas y razonables que justifiquen la diferencia.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que las fichas de trámite contenidas en el anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal, al ser actos de carácter general, sí pueden ser impugnadas en amparo indirecto, siempre que trasciendan del interés particular y no se limiten a reiterar lo dispuesto en la ley.

La carga de la prueba para demostrar que las operaciones no son entre partes relacionadas recae en el contribuyente, aun cuando se trate de hechos negativos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la omisión de expedir las reglas generales administrativas a las que se refiere el último párrafo del artículo 27, apartado D, fracción IX, del Código Fiscal de la Federación, así como la expedición del Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, en particular la ficha de trámite 316/CFF, no contravienen el principio de subordinación jerárquica de la

La validez de una resolución de fiscalización se sustenta en la observancia de las formalidades legales durante la visita domiciliaria y la correcta determinación del crédito fiscal y el reparto de utilidades.

La notificación de la presunción de inexistencia de operaciones, realizada en términos del artículo 69-B, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, debe efectuarse en el domicilio fiscal del contribuyente, o en el diverso que hubiere señalado para recibir notificaciones, y no en el domicilio donde se realizó la verificación ocular.

El artículo 27, apartado D, fracción IX, del Código Fiscal de la Federación y la ficha de trámite 316/CFF del anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, son constitucionales al constituir una facultad de gestión de la autoridad fiscal y no una facultad de comprobación.