Resoluciones fiscales de la SCJN: página 3

La admisión de un amparo directo en revisión procede cuando, de manera preliminar, se advierte una cuestión propiamente constitucional que reviste un interés excepcional.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el artículo 17-H Bis, fracciones VII y IX, del Código Fiscal de la Federación, al prever la cancelación del Certificado de Sello Digital, no transgrede los derechos de legalidad, seguridad jurídica, capacidad contributiva, ni la garantía de audiencia y debido proceso, ni constituye una sanción excesiva, toda vez que la autoridad fiscal cuenta con facultades para

La interpretación de las fracciones VIII del apartado A y XIV del apartado B del artículo 33 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, permite inferir que los documentos e información que integran la contabilidad son los relacionados con todas las operaciones, actos o actividades de la persona contribuyente, quien debe conocer cuáles son las operaciones, actos o actividades que desarrolla en materia fiscal.

DICTAMEN DE VALORACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA EMITIDO POR LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF). DETERMINAR SI EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL EN EL QUE AQUEL SEA EL DOCUMENTO BASE DE LA ACCIÓN, EL JUZGADOR DEBE ESTUDIAR LAS EXCEPCIONES, DEFENSAS Y PRUEBAS QUE SE ENFOCAN EN DESVIRTUAR LO DENUNCIADO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CONCILIATORIO, O BIEN, S

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver un recurso de reclamación, determinó que la admisión de un amparo directo en revisión es correcta cuando se impugna la constitucionalidad de una norma, aun cuando existan criterios previos sobre la misma ley, si el planteamiento específico de inconstitucionalidad es novedoso.

JUICIO DE NULIDAD JUICIO DE NULIDAD EN CONTRA DE DIVERSAS DECLARATORIAS DE EMBARGO, ASÍ COMO DEL OFICIO 500-35-00-05-02-2022-6607 A TRAVÉS DE LA CUAL SE LE DETERMINÓ UN CRÉDITO FISCAL POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, ACTUALIZACIONES, RECARGOS Y MULTAS, POR EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL UNO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 POSIBLE TEMA DE PROCEDENCIA: INCONSTITUCIONALI

La teoría de los derechos adquiridos es inaplicable en materia tributaria, por lo que el artículo 216, antepenúltimo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al establecer una prelación en la forma en que los contribuyentes deben aplicar los métodos para determinar sus ingresos acumulables y las deducciones autorizadas, no transgrede el principio de irretroactividad de la ley.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el artículo 150 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en la porción normativa que establece la mecánica para determinar la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN) para utilidades generadas con anterioridad al 1° de enero de 2014, no puede interpretarse en el sentido de que las utilidades generadas antes de 2013 no puedan adicionarse a la CUFIN correspondiente, y

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la facultad de las administraciones desconcentradas de auditoría fiscal para determinar créditos fiscales se encuentra debidamente conferida por la Ley del Servicio de Administración Tributaria y su Reglamento Interior, sin contravenir los principios de reserva de ley, primacía de ley ni subordinación jerárquica.

El penúltimo párrafo del artículo 66-A del Código Fiscal de la Federación no vulnera los principios de seguridad jurídica y debido proceso consagrados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al ser clara la disposición fiscal respecto a los supuestos de "uso indebido" en la solicitud de pagos en parcialidades y sus consecuencias jurídicas.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que las reglas generales administrativas emitidas por el Servicio de Administración Tributaria, como la regla 3.13.33 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023, deben respetar los principios de reserva de ley y subordinación jerárquica frente a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes federales.

La tasa de retención del 0.50% para los intereses pagados por instituciones de crédito en 2024, establecida en la Ley de Ingresos de la Federación, no vulnera los principios de confianza legítima ni de motivación legislativa.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe analizar la constitucionalidad de los artículos 63, 17-K y 134, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, cuando el quejoso impugna su aplicación en actos concretos de autoridad y no una omisión legislativa.

JUICIO DE NULIDAD EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN CONTENIDA EN EL OFICIO 500-300-00-08-01-2021-05668, DE CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DETERMINANTE DE UN CRÉDITO FISCAL POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, ACTUALIZACIONES, RECARGOS Y MULTAS, POR EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016. JOVT-*-*-MAGC INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO

La admisión de un amparo directo en revisión procede cuando la parte recurrente, al impugnar un acuerdo de admisión, no controvierte las razones específicas por las cuales el tribunal colegiado negó el amparo, o bien, cuando la autoridad fiscal desconcentrada que determinó el crédito fiscal actuó dentro de sus facultades conferidas por el reglamento interior.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver las contradicciones de criterios entre Tribunales Colegiados de Circuito, cuando se denuncien por las partes legitimadas, para garantizar la seguridad jurídica y la correcta aplicación de la ley.

La ineficacia de un alegato de extalimitación de atribuciones por requerir información sobre bienes muebles, inmuebles, negociaciones, títulos de valor, cartera de créditos y bienes intangibles, no puede subsanarse con la reiteración genérica de la inconformidad con la motivación del crédito fiscal, si no se combate el razonamiento de la sala que consideró la motivación de la autoridad fiscalizadora como clara, sufic

El artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, al establecer los requisitos para la contabilidad de los contribuyentes, no viola el principio de legalidad tributaria, pues define con claridad la documentación necesaria para acreditar la materialidad de las operaciones y la veracidad de los asientos contables.

El objeto de un tributo, en términos del artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, se refiere al hecho imponible y, en particular, a su aspecto objetivo, es decir, a la riqueza manifestada a través de la realización del supuesto previsto en ley.

El recurso de reclamación interpuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contra el acuerdo que admitió a trámite un amparo directo en revisión es procedente cuando dicho acuerdo admite el recurso por existir un planteamiento de constitucionalidad sobre un convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal y un artículo del Código Fiscal de la Federación.

La aplicación de la tasa del 0% del Impuesto al Valor Agregado a los productos de base láctea es improcedente cuando estos no son consumidos directamente por el ser humano, sino que constituyen un ingrediente para la elaboración de otros productos.

El artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores, al prever un régimen de cancelación de la inscripción de valores en el Registro Nacional de Valores, no viola los principios de legalidad y seguridad jurídica, al establecer hipótesis específicas y un procedimiento que salvaguarda los derechos de los inversionistas.

El artículo 171 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al regular la exención del pago del ISR por pensiones cubiertas en un solo pago hasta noventa veces el salario mínimo, no contraviene el artículo 93, fracción IV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues la ley permite al reglamento establecer procedimientos de cálculo específicos para diversas percepciones.

El tipo penal previsto en el artículo 113 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito constituye una norma penal en blanco, lo cual es contrario al principio de legalidad en su vertiente de taxatividad penal, garantizado por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La deducción por adquisición de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres, realizada mediante medios bancarios electrónicos autorizados y amparada con facturas que contengan los requisitos legales, es procedente aun cuando el monto de la contraprestación no exceda de dos mil pesos, siempre que se cumpla con la obligación de asentar en el comprobante fiscal la información del permiso vigente del prove

La inconstitucionalidad de una norma general debe plantearse a partir de su contenido intrínseco y no de su aplicación particular por parte de la autoridad fiscal.

El cobro de aprovechamientos por el uso y explotación de la infraestructura de la Ciudad de México, previsto en el artículo 307 TER del Código Fiscal de la Ciudad de México, es constitucional y no contraviene los principios tributarios.

El recurso de reclamación interpuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en contra del acuerdo de admisión de un amparo directo en revisión debe declararse infundado cuando dicho acuerdo se sustenta en la actualización de una cuestión propiamente constitucional.

La suspensión del plazo para concluir una visita domiciliaria, prevista en la fracción IV del artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, requiere el análisis previo de si la omisión del contribuyente de proporcionar información constituye un impedimento para el ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad fiscal.

El sobreseimiento del juicio de amparo procede cuando se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, aun cuando el órgano jurisdiccional haya ejercido la facultad de atracción para conocer de un problema de constitucionalidad.

El inventario no debe considerarse como un ingreso para efectos del Impuesto Sobre la Renta, pues hacerlo implicaría una modificación a la base gravable que reflejaría una capacidad contributiva ficticia.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación admite el recurso de revisión, al considerar que la interpretación del tribunal colegiado sobre las facultades de comprobación de la autoridad fiscal contraviene el artículo 16, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al concluir erróneamente que las empresas controladas no pueden ser verificadas por la autoridad fiscal, cuando la norma

El derecho humano a la igualdad se viola al otorgar un estímulo fiscal por pronto pago del derecho de control vehicular que no está disponible para la generalidad de los propietarios de vehículos automotores.

El recurso de revisión en amparo directo procede cuando se controvierta la constitucionalidad de una norma general, se interprete directamente un precepto constitucional, o se omita decidir sobre estas cuestiones, siempre que el asunto sea de interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos, y la materia del recurso se limite a las cuestiones constitucionales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe analizar la constitucionalidad de normas generales cuando el tribunal colegiado omitió hacerlo, siempre que el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos y no exista precedente sobre los vicios atribuidos.

La inconstitucionalidad de los párrafos penúltimo y último del artículo 112 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, al vulnerar los principios de reserva de ley y subordinación jurídica.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al conocer de un recurso de revisión en amparo directo, debe limitarse al análisis de las cuestiones propiamente constitucionales planteadas, sin poder comprender otras, en términos del artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La conclusión de la vigencia anual de la materia de impugnación en una acción de inconstitucionalidad, así como la naturaleza de las sentencias en este medio de control constitucional que no tienen efectos retroactivos, determinan el sobreseimiento del juicio por inexistencia de la materia.

El artículo 60, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, al establecer una tasa fija del cincuenta por ciento de la utilidad bruta cuando no sea posible conocer el costo de adquisición de las mercancías no registradas en la contabilidad, no vulnera el principio de proporcionalidad tributaria.

La procedencia de los recursos de reclamación en amparo directo, previstos en la fracción II del artículo 81 de la Ley de Amparo, se actualiza cuando las resoluciones impugnadas derivan de impedimentos originados en juicios de amparo directo y versan sobre la constitucionalidad de normas generales o la interpretación directa de preceptos constitucionales, o bien, cuando se omite decidir sobre tales cuestiones habiend